MARCO LEGISLATIVO

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que modificaba el Código Penal español, introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico el concepto de responsabilidad penal de las empresas.

Esta Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica se ha visto modificada nuevamente con la entrada en vigor el 1 de Julio de 2015 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por el que se modifica la Ley Orgánica 19/1995, de 23 de noviembre de l Código Penal.

Este hecho implica que las personas Jurídicas pueden ser también responsables por los delitos cometido por sus representantes legales, siempre y cuando no se haya ejercido sobre ello es debido control y el delito se haya cometido en provecho de la persona jurídica.

En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:
a)De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma
b)De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.
Art. 31.bis 1

Todas las Sociedades Mercantiles, Fundaciones, Asociaciones y Organizaciones Empresariales están sujetas a esta Responsabilidad tipificada en el Código Penal.

Para que una persona jurídica sea responsable penal , deben darse las siguientes circunstancias:

  • Comisión de un delito tipificado en Código Penal.
  • Que el delito lo haya cometido:

o El Administrador de hecho
o El Administrador de derecho
o El Representante Legal
o Cualquier otro empleado , de pendiente de los anteriores, por falta de control.

  • Que se haya cometido n nombre o por cuenta de la persona jurídica.
  • Que se haya cometido en provecho de la persona jurídica.

Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, son las siguientes:
a)Multa por cuotas (hasta 5000€ al día hasta 5 años) o proporcional (al beneficio obtenido).
b)Disolución de la persona jurídica.
c)Suspensión de sus actividades (máximo 5 años)
d)Clausura de sus locales y establecimientos (máximo 5 años)
e)Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal (máximo 15 años) o definitiva.
f)Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social (máximo 15 años).
g)Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores (máximo 5 años).
Art. 33.7

Dentro de los delitos tipificados en el Código Penal , y que pueden ser susceptibles en las organizaciones o en su nombre, están:

– Delitos contra la intimidad y acceso no autorizado
– Estafas
– Insolvencias Punibles
– Daños Informáticos
– Delitos contra la propiedad industrial e intelectual
– Delitos contra el mercado y los consumidores
– Delitos de corrupción entre particulares
– Delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social
– Blanqueo de Capitales
– Falsificación de medios de pago
– Cohecho- Trafico de Influencias
– Tráfico ilegal de órganos
– Trata de seres humanos
– Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
– Delitos contra el medio ambiente
– Delitos relativos a la energía nuclear y a radiaciones ionizantes
– Delitos relativos a los riesgos provocados por explosivos y otros agentes
– Tráfico de drogas
– Corrupción de funcionarios en el extranjero
– Delitos de asociación criminal
– Financiación del terrorismo
– Delitos de ordenación del territorio y urbanismo
– Delitos de financiación ilegal de partidos políticos

No obstante, el Código Penal español, establece una serie de circunstancias atenuantes o eximentes de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, en virtud de una series de actividades realizadas previa o posteriormente a la comisión del delito.

La atenuación de las responsabilidades se consigue a través de una serie de actuaciones posteriores al mismo y , encaminadas a la denuncia, colaboración, reparación y prevención de los delitos o sus daños.

La exención de responsabilidades es factible a través de la implantación correcta y efectiva de modelos de prevención de delitos y con las correspondientes medidas de control y vigilancia.

Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:
a)Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.
b)Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.
c)Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.
d)Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.
Art. 31.Quarter

La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

En los casos en los que las circunstancias enumeradas para la exención de la responsabilidad penal, solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.

En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones (aquellas estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada), las funciones de supervisión podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración.

 la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:
1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;
2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;
3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y
4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª
Art. 31. Bis 2